Despido disciplinario. Trabajadora con jornada reducida oculta a la empresa el fallecimiento del familiar por cuyo cuidado disfrutaba de la reducción

martes 14 de abril de 2015

Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social. Sentencia de 17 de febrero de 2015, recurso número 2162/2014.

Hechos. El día 10 de febrero de 2010 la actora presenta escrito interesando la reducción de su jornada para cuidado de familiar. Acompaña justificante de ausencia derivada de cuidado de familiar, con la fotocopia del DNI de la madre de su esposo, y una cita de consulta en el centro de Salud para Don Gumersindo, abuelo de su esposo.

El día 15 de febrero de 2010 la empresa y la trabajadora firman anexo al contrato de trabajo suscrito el 1 de marzo de 2003, donde se acuerda reducir la jornada de la trabajadora para cuidado de familiar a partir del día 15 de febrero.

El 9 de agosto de 2010 fallece Don Gumersindo, iniciando la actora un proceso de IT que duraría hasta el día 19 de agosto que recibió el alta por mejoría.

El 2 de mayo de 2014, la empresa remite comunicación escrita a la actora requiriéndola para que en un plazo de siete días remita la documentación acreditativa de mantenimiento de la situación que legitimó el acceso a la reducción de jornada por cuidado del familiar Don Gumersindo.

Tras notificar dicho escrito, la trabajadora indica que la petición era por razón de edad y que las circunstancias no habían cambiado. Así, el 12 de mayo presenta nueva solicitud de variación de la jornada, indicando el mantenimiento de la situación anterior como la presencia de una segunda persona a su cargo, la madre de su esposo.

El día 3 de junio de 2014 la empresa entrega a la actora comunicación escrita notificando la incoación de expediente disciplinario, comunicándole el día 11 de junio su despido disciplinario.

La primera cuestión que entra a analizar el TSJ, versa sobre la infracción del artículo 60 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, si la infracción imputada a la trabajadora se encuentra prescrita al tiempo de haber sido impuesta la sanción.

El TSJ, en primer lugar, hace referencia a lo preceptuado en el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores, el cual indica que, "respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido."

En base al precepto y considerando la conducta de la actora "continuada", por cometerse de manera prolongada en el tiempo; determina el TSJ que el dies a quo para el cómputo de la prescripción ha de ubicarse en aquél en que la compañía tomó conocimiento acerca de la realidad de la misma.

Y en este caso, entre la fecha en que la actora mantuvo la manifestación sobre la supervivencia de Don Gumersindo, y la fecha en que la compañía inició el trámite del expediente sancionador origen del despido, no transcurrieron ninguno de los plazos a que se refieren los artículo citado.

La segunda cuestión versa sobre la posible infracción del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. Sostiene la actora que el plazo de 72 horas conferido para el trámite de alegaciones resulta insuficiente para poder ser agotado de manera satisfactoria, de modo que se lesionan sus derechos como representante de los trabajadores; ya que se carece de tiempo para convocar una reunión extraordinaria del pleno del Comité de empresa, que conforme al artículo 13 de su Reglamento de funcionamiento ha de ser de 48 horas.

Resultando incuestionada la condición de miembro del comité de empresa de la actora, como la circunstancia de haber incoado expediente sancionador la empresa el día 3 de junio, con emplazamiento para el trámite de alegaciones en setenta y dos horas tanto a la trabajadora como al Sindicato UGT, el comité de empresa y las restantes secciones sindicales. Trámite que en plazo, fue cumplido por dichas representaciones; comunicando la empresa a la trabajadora su despido disciplinario el día 11 de junio.

El TSJ resuelve que no puede acogerse dicha tesis, pues no condiciona el artículo 68 de la norma estatutaria a plazo alguno la tramitación del expediente a que se refiere. Y siendo necesarias 48 horas para la convocatoria de la sesión del órgano de representación unitaria, restaron 24 horas más para el agotamiento del trámite, añadiendo que la totalidad de sujetos informados presentaron en plazo las alegaciones requeridas, cabe concluir que dicho plazo se mostró más que suficiente.

Así, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, ratifica el despido disciplinario de la actora.


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