Inconstitucionalidad y nulidad de la tasa fija y variable de acceso a la jurisdicción

viernes 23 de septiembre de 2016

La Sentencia TC (Pleno) de 21 julio 2016 (Rec. 973/2013) se pronuncia sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado sobre los artículos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses relacionados con la determinación de la cuota tributaria y el pago de una tasa para el acceso a la jurisdicción de las personas físicas y jurídicas.

Así, la redacción contenida en el artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, «determinación de la cuota tributaria», decía como sigue (en rojo los preceptos declarados nulos):

«1. Sin perjuicio de su modificación en la forma prevista en el artículo 8, será exigible la cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se determina en la siguiente tabla:

En el orden jurisdiccional civil:

  • Verbal y cambiario: 150 €
  • Ordinario: 300 €
  • Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal: 100 €
  • Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales: 200 €
  • Concurso necesario: 200 €
  • Apelación: 800 €
  • Casación y extraordinario por infracción procesal: 1.200 €

Cuando después de la oposición del deudor en un monitorio se siga un proceso ordinario se descontará de la tasa la cantidad ya abonada en el proceso monitorio.

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

  • Abreviado: 200 €
  • Ordinario: 350 €
  • Apelación: 800 €
  • Casación: 1.200 €

Cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto la impugnación de resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable que prevé el apartado siguiente, no podrá exceder del 50 por ciento del importe de la sanción económica impuesta.

En el orden social:

  • Suplicación: 500 €
  • Casación: 750 €

2. Deberá satisfacerse, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala.

De A Tipo % Máximo variable
0 1.000.000 € 0,5 10.000 € »
Resto 0,25

La Sentencia TC (Pleno) de 21 julio 2016 (Rec. 973/2013) declara la inconstitucionalidad y nulidad de las cuotas fijas del artículo 7, apartado 1, en los siguientes incisos:

  • En el orden jurisdiccional civil: Apelación: 800 €; Casación y extraordinario por infracción procesal: 1.200 €;
  • En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Abreviado: 200 €; Ordinario: 350 €; Apelación: 800 €; Casación: 1.200 €;
  • Y en el orden social: Suplicación: 500 €; Casación: 750 €

Así como también declara la nulidad de la cuota variable del artículo 7, apartado 2.

Los efectos a desplegar de dicha nulidad lo serán de aquí en adelante – es decir, pro futuro – pues solo será eficaz en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme «[SSTC 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8 -con cita de la anterior 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9-; 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7; 104/2013, de 25 de abril, FJ 4]. En particular, no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidación del tributo». Además, de ser así dicha devolución sería muy perjudicial para la Hacienda Pública.

Por todo ello, el TC concluye que la declaración de inconstitucionalidad de la tasa no lo es solo a efectos de su cuantía, sino que se aprecia que esta es contraria al art. 24.1 CE «porque lo elevado de esa cuantía acarrea, en concreto, un impedimento injustificado para el acceso a la Justicia en sus distintos niveles».


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